Desde este lunes, el gobierno de Estados Unidos desplegará agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en trece aeropuertos clave del país, una medida que busca reforzar la seguridad en medio de la crisis generada por el cierre parcial de la administración federal. La decisión, anunciada sin mayores detalles sobre su alcance o duración, llega en un momento crítico: el bloqueo presupuestario ya supera los 36 días, dejando sin recursos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad de la que dependen tanto el ICE como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Los aeropuertos seleccionados para esta operación incluyen algunos de los más transitados del país, como el Internacional O’Hare en Chicago, el Hartsfield-Jackson en Atlanta —el más concurrido del mundo— y los neoyorquinos John F. Kennedy y LaGuardia. También figuran terminales en ciudades como Cleveland, Nueva Orleans, San Juan (Puerto Rico), Newark, Filadelfia, Pittsburgh y Fort Myers, en Florida. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los agentes del ICE asumirán funciones específicas de la TSA, como la revisión de pasajeros o equipaje, o si su presencia se limitará a labores de vigilancia y apoyo logístico.

El presidente Donald Trump justificó la medida con un tono enérgico, asegurando que los agentes del ICE —a quienes describió como «brillantes y patriotas»— llevarán la seguridad aeroportuaria a «niveles nunca antes vistos». Sin embargo, la falta de claridad en torno a los protocolos ha generado incertidumbre entre viajeros y trabajadores del sector. Algunos expertos en seguridad aérea advierten que la integración de personal no especializado en tareas de control de pasajeros podría ralentizar los procesos, especialmente en aeropuertos con alto flujo de viajeros, como Atlanta o Nueva York.

El cierre parcial del gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, ha dejado a cientos de miles de empleados federales sin sueldo, incluyendo a agentes de la TSA, muchos de los cuales han reportado ausentismo por la imposibilidad de cubrir gastos básicos. Esta situación ya había provocado retrasos en varios aeropuertos, con filas más largas en los puntos de revisión y un aumento en el número de empleados que abandonan sus puestos. La llegada del ICE, aunque presentada como una solución, plantea interrogantes sobre su efectividad real, dado que sus agentes no están capacitados para operar los equipos de escaneo ni para aplicar los protocolos específicos de la TSA.

El conflicto político en el Congreso, donde demócratas y republicanos mantienen posturas irreconciliables desde mediados de febrero, sigue siendo el principal obstáculo para reanudar el financiamiento. Mientras tanto, la medida del ICE se suma a una serie de acciones improvisadas para mitigar los efectos del cierre, que ya afectan a sectores clave como la aviación, la seguridad fronteriza y los servicios de alimentación en parques nacionales. Aunque el gobierno insiste en que la presencia de estos agentes garantizará mayor protección, críticos señalan que podría tratarse de una estrategia para presionar a la oposición, vinculando la crisis migratoria con la seguridad interna.

Lo cierto es que, para millones de pasajeros que transitan diariamente por estos aeropuertos, la noticia añade una capa más de incertidumbre a un sistema ya tensionado. Con el cierre sin visos de solución inmediata, la pregunta que muchos se hacen es si esta medida será suficiente para evitar un colapso mayor en la infraestructura aeroportuaria, o si, por el contrario, terminará por agravar los problemas existentes. Por ahora, solo queda esperar a que el lunes revele cómo se implementará esta inédita intervención del ICE en uno de los eslabones más sensibles de la seguridad nacional.