El Senado de México está a un paso de aprobar este martes una reforma histórica a la Ley General de Salud que prohibirá el uso del glifosato en el sector público, un movimiento que reavivará el debate sobre la soberanía alimentaria y las tensiones comerciales con socios clave como Estados Unidos. La Comisión de Salud tiene previsto votar dos iniciativas que, de ser avaladas, marcarán un antes y después en la política agrícola del país, al establecer un veto inmediato al herbicida más utilizado en el mundo, pero también cuestionado por sus posibles efectos en la salud y el medio ambiente.

El dictamen, que ya circula entre los legisladores, es claro: ninguna dependencia federal podrá adquirir, utilizar, distribuir ni promover el glifosato a partir de su entrada en vigor. Sin embargo, reconociendo la complejidad de eliminar de tajo un insumo que durante décadas ha sido pilar en la agricultura industrial, la reforma contempla un periodo de transición para que el sector privado —especialmente los grandes productores— adopte alternativas. El plazo exacto aún no se define, pero el objetivo es ambicioso: erradicar por completo el uso de esta sustancia en México.

Para lograrlo, el gobierno federal apuesta por un modelo agroecológico que combine innovación científica y prácticas tradicionales. Las secretarías de Salud, Agricultura y Medio Ambiente tendrán la tarea de impulsar estrategias como el uso de bioinsumos —fertilizantes y plaguicidas de origen natural—, la rotación de cultivos y el aumento de mano de obra en el campo, una medida que podría generar empleos, pero también encarecer la producción. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) será el eje de esta transformación, coordinando investigaciones con universidades y centros públicos para desarrollar soluciones viables que no dependan de químicos sintéticos.

El camino hacia esta prohibición no ha sido sencillo. En 2022, el intento de Morena por imponer el veto al glifosato chocó con la férrea oposición de agricultores, cámaras empresariales y hasta con advertencias desde Washington. El sector productivo mexicano, especialmente el vinculado a la exportación de granos como el maíz y la soya, argumentó que la medida pondría en riesgo la competitividad del campo, mientras que Estados Unidos —principal proveedor de glifosato y de cultivos transgénicos resistentes a este herbicida— advirtió sobre posibles represalias comerciales. El conflicto escaló hasta el marco del T-MEC, donde se ventiló la posibilidad de que la prohibición violara acuerdos de libre comercio.

A pesar de las presiones, el Senado parece decidido a avanzar. La discusión no solo gira en torno a la salud pública —el glifosato ha sido clasificado como «probablemente cancerígeno» por la Organización Mundial de la Salud—, sino también a la autonomía alimentaria. El gobierno ha insistido en que México debe reducir su dependencia de insumos extranjeros, especialmente aquellos vinculados a corporaciones transnacionales como Bayer-Monsanto, dueña de la patente del glifosato. Sin embargo, críticos señalan que la transición podría ser caótica si no se garantizan alternativas accesibles y rentables para los pequeños y medianos productores, quienes ya enfrentan desafíos como la sequía y los altos costos de los fertilizantes.

El debate también refleja una división más profunda en el campo mexicano. Mientras organizaciones campesinas y ambientalistas celebran la medida como un triunfo para la salud y la biodiversidad, los grandes agricultores advierten que podría encarecer los alimentos y afectar la seguridad alimentaria. En estados como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, donde se concentra la producción de granos para exportación, hay escepticismo. «No es lo mismo prohibir el glifosato en un huerto urbano que en 50 mil hectáreas de maíz», declaró recientemente un representante de los productores.

Lo cierto es que, de aprobarse, México se sumaría a un grupo creciente de países que han restringido o prohibido el glifosato, como Alemania, Francia y Austria. Pero el caso mexicano es particular: aquí, el herbicida no solo se usa en cultivos convencionales, sino también en programas sociales como *Sembrando Vida*, donde se ha promovido su uso para controlar malezas en parcelas de subsistencia. La paradoja es evidente: mientras el gobierno impulsa la agroecología, algunos de sus propios programas han dependido de químicos como el glifosato.

El reto ahora será demostrar que la transición es viable. Conahcyt ya ha presentado avances en bioinsumos derivados de hongos, bacterias y extractos vegetales, pero su producción a gran escala aún es limitada. Además, persisten dudas sobre si estos productos podrán competir en precio y eficacia con el glifosato, cuyo bajo costo lo ha hecho indispensable para muchos agricultores. Mientras tanto, en los pasillos del Senado, el tema se ha politizado: para algunos, es una batalla ideológica contra el modelo agroindustrial; para otros, una medida apresurada que podría tener consecuencias económicas impredecibles.

Lo que está en juego va más allá de un herbicida. Es una disputa por el futuro del campo mexicano: ¿hacia un modelo basado en la ciencia y la sostenibilidad, o hacia la dependencia de insumos extranjeros? La respuesta, al menos en el papel, llegará este martes. Pero la implementación de la reforma será el verdadero examen, uno que pondrá a prueba la capacidad del Estado para equilibrar salud, economía y soberanía en un contexto global cada vez más complejo.